Más de 180 organizaciones solicitan al gobierno de Canadá promover una regulación efectiva de empresas mineras canadienses operando en América Latina

El primer ministro de Canadá (Justin Trudeau) debe asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechas humanos en las empresas mineras de Canadá.

 

Indignadas de la explotación que muchos trabajadores sufren, en compañías mineras provenientes de Canadá, más de 180 organizaciones naturales de América Latina, Estados Unidos y Europa han entregado al Primer Ministro de Canadá (Justin Trudeau) una carta, en la que instan a promover reformas administrativas y legales para así regular con más eficacia la acción de las empresas canadienses en el mundo.

 Comités temáticos y relatorías especiales del sistema Universal de Derechos Humanos han demostrado que muchas empresas de minería a lo largo del mundo cometen violaciones a los derechos humanos, y estos son apoyados diplomática y financieramente por el gobierno de Canadá.

La carta solicita garantía por parte de Canadá, de acatar los más altos estándares internacionales en las políticas de fomento a la minería y en sus relaciones con los países donde operan empresas canadienses.

 Daniel Cerqueira, Oficial de Programa Sénior de Industrias Extractivas y Derechos Humanos en DPLF, ha resaltado que: “Mientras Canadá promueve estándares voluntarios de responsabilidad social corporativa, sus empresas mineras siguen involucradas en graves violaciones de derechos humanos en América Latina. La ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y sanción a los abusos cometidos por dichas empresas comprometen la imagen de Canadá como una nación comprometida con los derechos humanos.”

Las organizaciones firmantes de la carta reconocen los gestos de apoyo hacia un mayor respeto a los derechos humanos manifestados por el gobierno de Justin Trudeau desde su nombramiento como Primer Ministro. Sin embargo, esperan que el discurso de reevaluación de las políticas estatales en materia de derechos humanos se materialice en medidas concretas para que las empresas mineras con sede en Canadá actúen dentro de un marco legal consistente con las obligaciones internacionales del Estado canadiense.

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